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diciembre 18, 2020
Congreso del Estado no autorizó incremento estipulado en contrato
La empresa Vigue-Red Ambiental pudiera recurrir a un juicio de amparo para que el Congreso del Estado no rechace el incremento anual a sus tarifas pactado con la Alcaldía desde el contrato firmado en el año 2008.
El tesorero municipal capitalino, Rodrigo Portilla Díaz, explicó que en la Ley de Ingresos fue enviada al Congreso del Estado con esos puntos únicamente con fines informativos, por tratarse de un contrato con cláusulas que deben cumplirse desde la firma.
Dijo que el Poder Legislativo del Estado no autorizó el incremento anual que se deriva únicamente de los costos operativos del sistema de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
“El problema es que el Congreso no autoriza tarifas de Vigue, reguladas en un contrato que también está emanado del Congreso, donde fue autorizado y por lo tanto los diputados no tienen por qué rechazar o autorizar tarifas, porque son informativas”, explicó.
Dijo no saber cuál fue el error en el Congreso del Estado, porque nunca les hablaron para exponer la Ley de Ingresos, y fue una decisión unilateral del Congreso del Estado la forma en que quedó la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de la Capital.
“Todo el trabajo del Cabildo y en particular de la Comisión de Hacienda no sirvió de nada, puesto que los diputados no dejaron a la alcaldía ni siquiera ir a defender los puntos del documento autorizado en la sesión plenaria de la semana pasada. Solamente no autorizaron altas y no se dieron cuenta que no autorizaron tarifas contractuales que el propio Poder Legislativo autorizó en 2008”, dijo Rodrigo Portilla.
El tesorero agregó que platicó brevemente con el diputado local Eugenio Govea Arcos para tratar de resolver el asunto, pero fue el propio legislador quien le indicó que ya habían cerrado el periodo de sesiones.
La propuesta de Ley de Ingresos pide que las alcaldías incluyan las tarifas de los servicios concesionados, porque forman parte finalmente de un servicio público. También deben ser incluidos los créditos bancarios únicamente para fines informativos, porque se trata de asuntos que el propio Poder Legislativo resolvió desde el año de la licitación de la concesión que finalmente ganó la empresa Vigue-Red Ambiental.
