Actualmente, 19 entidades del país garantizan la protección de la vida desde la fecundación: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
Por lo que de concretarse la aprobación de estas leyes pro vida en los siete Congresos que actualmente debaten la iniciativa, el 84% de los estados tendrían leyes que castigan penalmente el aborto.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de este año se registraron 622 investigaciones por aborto, la cifra más alta desde 2015, cuando se implementó una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos.
En los cuatro años previos, la cifra nacional no superó las 600 carpetas de investigación por interrupción del embarazo: en 2015 hubo 517 averiguaciones, en 2016 se abrieron 540, en 2017 se concretaron 521 y en 2018 hubo 590 investigaciones.
A pesar de que en la Ciudad de México de las dos en las que el aborto no es penalizado, es la entidad con mayor número de averiguaciones por aborto (123 de enero a noviembre de 2019).
El pasado 25 de septiembre, Oaxaca aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero su constitución protege la vida desde la concepción.
También el año pasado, luego de que el estado de Nuevo León aprobó el derecho a la vida desde la concepción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, ya que con la modificación que se hizo a la ley en el estado, se violentan los derechos humanos universales, la Carta Magna y las convenciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
