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El pasado 7 de enero del año en curso, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado dio por concluido el juicio de amparo DT 912/2018, el cual nuevamente dejó sin efecto el laudo que ilegalmente condenaba al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, mejor conocido como el “Sindicato Minero”, a realizar un pago por 54 millones de dólares que presuntamente debía a las y los trabajadores, equivalente al 5% de las acciones provenientes de la privatización de la mina de Cananea, localizada en Sonora.
Esta resolución reconoce el amparo concedido al gremio por el Poder Judicial de la Federación en el pasado, el cual ha sido ignorado en reiteradas ocasiones—siendo esta la cuarta—por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Motivada por intereses políticos y corruptos, en octubre del año pasado, esta institución notificó al Sindicato Minero la emisión de un laudo por parte de la Junta Especial número 10 que le ordenaba pagar los 54 millones de dólares en cuestión. Dicha organización alegó que dicha resolución era inválida y que por lo tanto no podría ejecutarse. Además, mencionó que recurriría a la vía legal para ampararse.
El día de hoy este Sindicato se congratula en anunciar que ha prevalecido una vez más sobre la JFCYA. Sin duda alguna, esta victoria jurídica salvaguarda la dignidad de la valiosa labor realizada por esta organización para proteger a las y los mineros, pero además representa un precedente importante en la lucha sindical en nuestro país ya que revela que la corrupción existente dentro de las instituciones judiciales puede actuar en perjuicio de la clase trabajadora.
El Sindicato Minero y su dirigente nacional, el Senador Napoleón Gómez Urrutia, condenan el abuso de poder perpetuado por la JFCYA así como la desinformación emitida por algunos medios de comunicación con respecto al tema del laudo en cuestión.
