Defensor del Estado lo acusa de pactar una devolución irregular a empresa

El pedido de reembolso de S/524 millones por parte de Odebrecht al Estado peruano por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla no sería el único problema que se habría generado en el interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al parecer, las incomodidades salieron a relucir ayer luego de que el procurador anticorrupción Amado Enco presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación en contra del procurador ad hoc para los casos “Lava Jato”, Jorge Ramírez, lo que evidenciaría un resquebrajamiento en sus funciones al mando de ese despacho

¿De qué lo acusa?

En el escrito que presentó Enco al Ministerio Público refiere que Ramírez habría favorecido a la empresa brasileña y a sus exdirectivos en la negociación del pago de la reparación civil, ocasionando un grave perjuicio a los intereses del Estado.

En esa línea, interpuso la denuncia por los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y omisión de actos funcionales al incurrir en una serie de hechos que afectan a nuestro patrimonio. “El denunciado habría pactado irregularmente la devolución de aproximadamente S/524 millones existentes en el Fideicomiso, Retención y Reparación (FIRR), producto de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, a pesar de que este dinero, por mandato de la Ley 30737, tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la reparación civil a favor del Estado”, dice el comunicado de la Procuraduría Anticorrupción.

Otra de las imputaciones que hace el defensor del Estado para los casos de corrupción contra Ramírez es que habría consentido la inaplicación de la Ley 30737 (creada para asegurar el pago de reparaciones civiles y deudas tributarias), sin considerar que los colaboradores (Jorge Barata y otros) mantenían investigaciones y procesos judiciales pendientes.

Por último, Enco advirtió que Ramírez permitió el fraccionamiento del pago de la reparación civil, que fue fijada en S/610 millones, de las cuales se acordó pagar en 15 cuotas anuales, renunciando a la posibilidad de cobrar casi la totalidad con cargo a los fondos existentes en el FIRR. Precisó que dicha denuncia no pretende la nulidad del acuerdo de colaboración con Odebrecht, puesto que este ya se encuentra homologado judicialmente.

Sin embargo, aclaró que se debe investigar a los responsables de haber negociado con los colaboradores eficaces y perjudicado los intereses del Estado. Hasta el cierre de esta edición intentamos recoger la versión de la oficina de prensa de la Procuraduría ad hoc; sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna.

¿Intromisión?

En tanto, desde Brasil, el coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela, mostró su preocupación por las “intromisiones” y “turbulencias permanentes” en torno a la ejecución del acuerdo que firmó Odebrecht con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc.

Ello luego de que la brasileña solicitara la devolución de S/524 millones retenidos por el Estado tras la venta de Chaglla. El representante de la Fiscalía sostuvo -en Exitosa- que “cualquier tipo de divergencia o discusión” sobre este tema deberá ser resulta conforme a la sentencia de homologación judicial.

Por ello, recalcó que las partes firmantes deben respetar el convenio.Asimismo, dijo confiar en la “autonomía de los funcionarios del Ministerio de Justicia”, entidad que deberá pronunciarse sobre la polémica solicitud de la constructora para el retorno de su dinero.

Postura

A través de su cuenta en Twitter, la exprocuradora supranacional Delia Muñoz criticó la denuncia de Amado Enco contra Jorge Ramírez, al señalar que “la pita se rompe por el lado más débil”.Muñoz cuestionó y calificó como una “lavada de manos del Ejecutivo” la acusación contra el procurador del caso “Lava Jato”, debido a que es el Ministerio de Justicia la entidad que preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sistema mediante el cual se supervisa las labores a favor del Estado de los procuradores públicos.

A su vez, Yván Montoya, exprocurador anticorrupción, calificó como inédita la situación gestada entre pares y sostuvo que el impacto político de la acusación “es enorme” y afecta al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. “Creo que lo inmediato es que el procurador Ramírez salga a explicar y descargar estas atribuciones, pero creo yo -y me adelanto- que quien puede definir al final quién tiene la razón, o el procurador Enco en las imputaciones o el procurador Ramírez en su desempeño en el acuerdo, es la jueza”, indicó en referencia a la magistrada María Álvarez Camacho, que homologó el convenio con la constructora.

¿Interpelado?

Desde Fuerza Popular, su portavoz de la bancada, Carlos Tubino, sostuvo que el tema amerita un pronunciamiento del titular de Justicia, por lo que no descartó que el ministro Zeballos sea citado ante el Congreso en los próximos días para explicar la situación a raíz del pedido de reembolso de Odebrecht. Su colega Roy Ventura cuestionó la actuación del procurador Jorge Ramírez en la firma del acuerdo y señaló que Zeballos “podría ser interpelado” por el caso.

En tanto, la fujimorista Yeni Vilcatoma recordó que en mayo de este año denunció al procurador Jorge Ramírez, a quien consideró “como lo peor que tuvo el Estado, escogido para coludirse” con Odebrecht en perjuicio del país. “Terminará en la cárcel”, expresó.