CDHEZ y UAZ firman convenio para impulsar estrategia de tolerancia cero
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agosto 28, 2019Por: Lic. Jaime Chacón.
El Lic. Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo federal, a la fecha ha promovido a través de sus legisladores una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) con el objeto de “combatir” a la delincuencia y al mal primario de México, que según él es “la corrupción”, en ése sentido se suman nuevos delitos que obligatoriamente ameritan prisión preventiva, como lo son la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de robo de hidrocarburos, petrolíferos, entre otros.
En este sentido, nadie estaría en contra de que se castigue a quien cometa un ilícito e incluso de que se combata a los causantes del grave fenómeno de inseguridad, nadie en su sano juicio estaría en contra de eso y de que el gobierno haga lo que crea conveniente con tal de lograr esas metas, sin embargo, en esta reforma hay algo peculiar a parte de los delitos ya mencionados, que es nada más, pero nada menos que la famosa prisión preventiva a los nuevos delitos agregados al artículo 19 de la CPEUM, que a grosso modo significa el encarcelamiento de las personas a priori de ser juzgadas, es decir, van a ser internadas en los centros de reinserción social, en las cárceles, sin haber sido llevadas a la etapa de juicio oral, cabe mencionar, que el nuevo sistema penal tiene tres etapas: la de investigación, intermedia y de juicio oral, y en el caso que nos ocupa, quedarán privadas de su libertad desde la primera etapa por estos nuevos delitos agregados, siendo ya castigados con la privación de su libertad, sin haber sido vencidos en la etapa tercera, y en ese tenor violando el debido proceso y la presunción de inocencia.
México forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH) y de acuerdo a eso todo estado perteneciente a ella está obligado a adoptar las medidas que fuesen necesarias para garantizar cada uno de esas prerrogativas que menciona la ley y en este caso, dice la CADH que la prisión preventiva sólo puede utilizarse en casos muy precisos y que no debe existir incertidumbre; por ejemplo, en casos muy excepcionales, “cuando existe un evidente riesgo de fuga, cuando el imputado es reincidente o existe el peligro fundado que el inculpado entorpezca o imposibilite la investigación”. Es evidente como la reforma del Ejecutivo es contraria a lo que estipula la CADH.
Ahora, en relación a los siguientes delitos: “uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”, hago énfasis en éstos casos, toda vez, que son estos principalmente los que ahora ya ameritan la prisión preventiva, y que no es casual que la Cuarta Transformación (4aT) los agregue y esto puede dar lugar a la injusticia, pues en esa lógica bastaría con que se ponga una denuncia por alguno de esos delitos ya mencionados para que cualquier enemigo o adversario político de la 4aT sea eliminado del escenario político encerrándolo, con las consecuencias que esto provocaría. Y esto es gravísimo, así como lo leyó amigo lector, cualquiera de los que no coincidimos con su forma de gobernar, podemos ser presos políticos, con tan sólo una denuncia en tu contra o con tan sólo sospechar que eres corrupto, etc.
Es fundamental decir que hubo opiniones en contra de esta reforma, que diversas personalidades conocedores del derecho opinaron en su contra, no obstante, también se hizo caso omiso ante los señalamientos de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre la flagrante violación a la presunción de inocencia, al debido proceso y contradiciendo a los tratados internacionales en materia penal y convirtiendo unilateralmente, en obligación lo que debiera ser una excepción.
El pueblo de México debe de estar informado sobre lo que pasa con su Estado de Derecho, es posible que mi análisis esté mal enfocado, pero lo cierto es que en los hechos, el gobierno de Morena ha estado violando los Derechos Humanos del pueblo con las reformas del presidente.
Y mientras no haya una verdadera transformación en beneficio de todos, mientras sigamos viendo perjuicios a personas e instituciones y no se dote de beneficios verdaderos como obras sociales; mientras se siga señalando, acusando y persiguiendo a quienes no coinciden con el gobierno actual, en suma, mientras se siga violando la Carta Magna, al pueblo sólo le queda defender, denunciar los abusos, intentar hacer valer la ley y dudar de los fines nobles de la 4taT.
Personalmente estoy convencido de la autonomía que debe tener el poder judicial, institución que puede ayudar mucho a defender a esta sociedad en los tiempos actuales en que se usa el poder con tanta irracionalidad.
