La Guardia Nacional mexicana ya está sembrando temor entre quienes migran desde Centroamérica.

NENTÓN, Guatemala — La familia Aguilar se había estado preparando desde febrero para emigrar al norte. Pidieron prestados 2600 dólares, le dieron un adelanto al contrabandista y a mediados de junio dejaron su casa, en el norte de Guatemala.

Sin embargo, al llegar a la frontera de Guatemala con México, el contrabandista les dio malas noticias: era demasiado arriesgado intentar el cruce. Después de un acuerdo alcanzado el 7 de junio entre las autoridades mexicanas y Estados Unidos para reducir la migración hacia el norte, había demasiadas fuerzas de seguridad en la frontera.

Hasta el momento, la movilización de la Guardia Nacional se ha quedado corta en comparación con el despliegue dramático que prometió el gobierno mexicano: solo una fracción de los seis mil integrantes estaban operando en el sur de México.

Aun así, su despliegue ya ha trastornado el flujo típico de personas y de comercio que se traslada por esta frontera históricamente porosa, lo que ha generado miedo entre las personas que buscan cruzar la frontera y también entre los coyotes.

“No sabemos nada, si este cambio es definitivo o solo temporal”, dijo Juan Alberto Aguilar, de 27 años, quien emprendió el viaje con su esposa y su hija de 3 años. La familia estaba sentada, desanimada, en la plaza central de Nentón (pueblo cercano a la frontera guatemalteca-mexicana), en espera de una camioneta que la llevaría de regreso a su casa.

El despliegue de la Guardia Nacional es parte de un acuerdo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de su homólogo estadounidense, Donald Trump, pensado para evitar la imposición potencialmente devastadora de aranceles a los productos mexicanos.

Trump celebró los esfuerzos del gobierno de López Obrador el jueves 20 de junio.

“El flujo ya se redujo sustancialmente”, indicó. “Ya está teniendo un gran impacto”.

En Ciudad Hidalgo, pueblo mexicano en Chiapas, al suroeste de la frontera, los comerciantes dijeron que han tenido una reducción significativa en sus negocios desde el inicio de junio. La mayoría de sus clientes son guatemaltecos que evitan pagar aranceles en sus compras al regresar por medio de balsas por el río Suchiate, que demarca la frontera, en vez de volver por el cruce oficial.

“La gente tiene miedo de venir porque temen que el gobierno llegue a quitarles la mercancía”, dijo Mary, comerciante en Ciudad Hidalgo que pidió no hacer público su apellido por temor a represalias de las autoridades. “Vivimos de este comercio, comemos gracias a ese comercio”.

En Nentón, Guatemala, del otro lado de la frontera, la dueña de una tienda, Silvia Avaja, de 30 años, dijo que generalmente viaja a México cada tres meses para abastecerse de productos como jabón, desodorante y pasta dental. Sin embargo, las nuevas medidas fronterizas de México la tienen asustada.

Ella también escuchó el rumor de que las autoridades mexicanas están confiscando las compras hechas en el mercado negro.

“Estoy pensando en ya no ir más”, dijo Avaja.

No obstante, el efecto del despliegue lo han sentido en particular las personas migrantes que cruzan sin autorización y ahora ven en México un obstáculo impenetrable.

Jonathan, de 28 años y estudiante seminarista de Nicaragua, dijo que huyó de su hogar debido a la persecución del gobierno y a amenazas de muerte que recibió por participar en las protestas del año pasado en contra del gobierno. Jonathan primero intentó quedarse en Costa Rica; sin embargo, dijo que después de recibir más amenazas de muerte en territorio costarricense, decidió huir hacia Guatemala y cruzar por tierra hacia México.

Llegó hasta Frontera Comalapa, en Chiapas y a unos 40 kilómetros en el interior de México, antes de que las nuevas medidas de control migratorio pusieron fin a su trayecto.

“Nunca pensé que iba a ser así”, dijo Jonathan, mientras estaba en una cocina comunitaria y reconsideraba si iba a poder moverse más hacia al norte.

Tres amigos nicaragüenses suyos que también llegaron hasta Frontera Comalapa ya habían regresado a territorio centroamericano, en espera de un mejor momento para buscar llegar a Estados Unidos.

Jonathan dijo que regresar a Nicaragua no es una opción para él. Su meta sigue siendo alcanzar territorio estadounidense, donde ve la promesa de una mejor vida.

“Voy a pelear”, aseguró (pidió que se mantenga anónimo su apellido debido a su estatus legal en México). “Voy a hacer todo lo posible para llegar allá”.

Sin embargo, por ahora, estaba considerando la posibilidad de solicitar asilo directamente en México. Defensores de los derechos migrantes comentaron que muchos más centroamericanos han estado optando por hacer eso, pues es de las pocas opciones que ven ante las nuevas medidas.

En otras partes de la frontera, quienes se ganan la vida con los servicios que les ofrecen a los migrantes hablaron de una caída pronunciada en la demanda.

“Antes cruzaban familias enteras”, dijo Israel López Ordóñez, de 52 años, y balsero veterano en el río Suchiate. “Ahora no”.

En la ciudad guatemalteca de La Mesilla, cerca de Frontera Comalapa, un hombre que trabaja en conversión de divisas, Carmelo, de 50 años, dijo que varias personas que conoce —incluyendo amigos y familiares— han abandonado sus planes de emigrar hacia el norte en las últimas dos semanas.

“No está bien”, dijo Carmelo, acerca de las nuevas medidas. “Si alguien de Guatemala viaja hacia Estados Unidos, mucha gente acá puede vivirgracias a ese guatemalteco”.

Hasta los contrabandistas de migrantes o coyotes, responsables de llevar a casi todas las personas que buscan cruzar hasta la frontera suroeste de Estados Unidos con México han estado retrasando o cancelando sus viajes.

Al igual que le sucedió a la familia Aguilar, Ottoniel López, migrante guatemalteco de 19 años, se quedó a nada del cruce hacia la frontera mexicana cuando el contrabandista al que le había pagado le dijo que se diera la vuelta de regreso a la casa que dejó.

López comentó que había emprendido el viaje camino a Estados Unidos a sabiendas de que se iba a encontrar con varios obstáculos, como el cansancio, el hambre y posiblemente la violencia. Pero no había incluido en sus cálculos las medidas de mano dura del gobierno mexicano.

“Siempre sabes que será difícil”, dijo desde Nentón, donde estaba en la camioneta que lo iba a regresar parte del camino hasta su casa en el suroeste guatemalteco. “Pero ahora dicen que no es posible pasar por los bloqueos”.

El acuerdo con la Casa Blanca le dio al gobierno de López Obrador un total de 45 días para que México le compruebe a Washington que puede reducir la cantidad de migrantes que intentan cruzar desde su territorio hacia Estados Unidos. Los funcionarios mexicanos primero dijeron que enviarían a la recién creada Guardia Nacional al sur del país para impedir el flujo de personas sin documentos.

Sin embargo, ese despliegue ha sido confuso y titubeante.

Estuvieron retrasando el despliegue. Luego, los funcionarios mexicanos cambiaron su promesa inicial de movilizar a seis mil integrantes de la Guardia Nacional y dijeron en cambio que se trasladarían miembros de las fuerzas armadas.

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, dijo el pasado 18 de junio que solo el 40 por ciento de los seis mil efectivos serán desplegados en los estados de la frontera sur mexicana.

Funcionarios en Chiapas también reconocieron que sería extremadamente difícil —si no es que  imposible— frenar la migración que atraviesa ese estado mexicano, que tiene una amplia frontera con Guatemala.

La región montañosa está repleta de caminos de terracería y veredas. Los residentes del estado y otros mencionaron que no creen que la corrupción arraigada entre muchos integrantes del gobierno, que han permitido el paso de contrabandistas y de migrantes, vaya a ser eliminada de inmediato. Aunque sí han aumentado la cantidad de retenes del gobierno en muchas carreteras del sur de México, a decir de los habitantes locales. Agregaron que las autoridades migratorias y fuerzas de seguridad que están en esos puntos de revisión han sido más rigurosos al revisar vehículos en busca de personas migrantes.

Las autoridades también han empezado a ejecutar acciones más ambiciosas de combate a operativos de contrabando que son responsables de escoltar a la gran mayoría de los migrantes hacia el norte.

Los defensores de los derechos de personas migrantes han advertido que con las nuevas medidas hay posibilidad de violaciones a los derechos humanos, preocupaciones que quedaron claras con la muerte reciente de una mujer salvadoreña de 19 años que iba en la parte trasera de un camión que se dirigía a la frontera estadounidense. Los testigos les dijeron a los investigadores que hombres que parecían ser policías y que iban en una patrulla dispararon contra el camión cuando se pasó de largo por un retén en el estado de Veracruz.

Los integrantes de la Guardia Nacional todavía no tienen mucha presencia en la región de la frontera sur mexicana, pero efectivos de las fuerzas militares, algunos con brazaletes que usarán los miembros de la misma Guardia Nacional, tienen nuevas órdenes para realizar patrullajes nocturnos y de interrogar a los ocupantes de vehículos, así como de inspeccionar sus cargamentos.

Los defensores de los migrantes anticiparon que la presencia aumentada de las fuerzas de seguridad continuará disminuyendo la cantidad de gente que busca migrar al norte en el corto plazo, pero vaticinaron que con el tiempo los flujos aumentarán de nuevo, tal vez por medio de caminos más remotos y peligrosos.

“Va a ser como cuando Trump se volvió presidente, que la tasa de migración disminuyó por unos meses, pero luego se disparó otra vez”, dijo David Tobasura, consultor en materia migratoria con sede en Chiapas para el American Friends Service Committee. “Esto no va a detener la migración. Seguramente en unas semanas o meses va a aumentar. Va a ser igual que antes”.