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Opinión de Jacobo Cruz

Desde los primeros días del año 2021 los Antorchistas de Fresnillo expusieron la solicitud de más de 3 mil 500 familias que pretenden acceder al programa de vivienda aplicado por la federación en los municipios de alta marginación.

Los interesados buscan que se dé continuidad y se les incluya puesto que es un proyecto muy noble con montos  económicos que van de los 35,000 hasta los 95, 000 pesos, lo que permitió que en 2020 miles de personas hayan construido cuartos completos al optimizar el recurso mediante la autoconstrucción resultando en alto beneficio social.

Luego de haber transcurrido 10 meses sin obtener respuesta, el 25 de octubre los fresnillenses acudieron a solicitar audiencia con Herón Rojas, subdelegado de los programas del Bienestar en la demarcación para informarse del estatus que guarda su solicitud, lamentablemente no se encontró al funcionario, en tanto servidores de la nación los recibieron con prepotencia y maltrato en franco desprecio a la gente pobre.

                Una vez agotada esta instancia, concluyeron que era necesario acudir a la intervención de Verónica Díaz Robles, Delegada Nacional de los Programas del Bienestar y con este fin el 1 de diciembre dialogaron con David Hernández, coordinador de los programas sociales, quien ofreció audiencia con María de la Luz Dorado Ávila, Directora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (SEDATU) por ser la instancia ejecutora, pero hasta el momento no hay avances.

                Y la petición de los sin casa es sencilla, que Bienestar- Sedatu los incluya en los estudios socioeconómicos para determinar si son candidatos al apoyo que la delegación habrá de aplicar en 2022 donde se espera que sean contempladas las familias que cumplen con los requisitos.

                Esta necesidad también creció en Guadalupe, por lo que un grupo de ciudadanos acudió a la sede del gobierno estatal de Zacatecas a entregar el oficio donde exponen que sus familias carecen de vivienda, por lo que piden que las autoridades los respalden para la compra de un lote económico o en su caso se les otorguen facilidades para lograr un pie de casa.

Entre los interesados se encuentran algunos comerciantes, amas de casa y trabajadores eventuales que no cubren los requisitos ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda del Trabajador (Infonavit) por lo que esta posibilidad está agotada, en consecuencia buscan otras opciones.

Una de las salidas que encuentran es que el gobierno les apoye en la compra de un terreno para que sea lotificado y cada interesado tenga un espacio donde construir el hogar de su familia, por tales razones esperan ser recibidos en la Secretaría de Vivienda para exponer su propuesta y en contraparte sea la autoridad quien asuma la gestión en beneficio de unas 450 familias del municipio de Guadalupe, quienes gastan sus ingresos en renta o bien viven con familiares anhelando un patrimonio propio.

Y es que la capacidad de crédito de estos trabajadores no les da la posibilidad de adquirir una casa de las ofertadas por Infonavit porque tienen costos de 400 a los 500 mil pesos que a pesar de ser las más económicas no están al alcance de toda la población que gana en promedio unos  7 mil pesos al mes.

Otro inconveniente es su tamaño cada vez más reducido y la calidad de la construcción (para venderla más barata), de tal forma que en la actualidad se tienen fraccionamientos donde se aprecian construcciones con evidentes daños que terminan abandonadas y vandalizadas. Es de reconocer que este tipo de desarrollos presentan la ventaja de contar con todos los permisos de las autoridades y lograr los servicios debido a que representan un gran negocio para las inmobiliarias donde es notable la rapidez con que se construyen y la inmediatez con que se ofertan a la gente.

Desde luego que las inmobiliarias aseguran les afectó el aumento del precio del acero que fue de 120 % durante 2021 y por la aplicación del código urbano estatal que ha reducido el número de viviendas producidas, dado que antes construían 70 casas por hectárea pasando a solo 55, esto porque las nuevas restricciones del reglamento obligan a instalar banquetas y calles más amplias y se aumentó el área de donación de 10 a un 15 %, con lo que en los nuevos fraccionamientos se generan costos adicionales lo que redunda en sus ganancias.

Dicen los inversionistas que están comprometidos con la producción de casas dignas, sin embargo, tanto los créditos como los costos son inaccesibles y en caso de que se logre la aprobación del financiamiento este es por unos 30 años de la vida del trabajador, por lo que existen tres salidas: o seguir viviendo con familiares,  pagar rentas tortuosas que absorben más del 70% de sus ingresos o endeudarse con Infonavit.

                Por estas y otras razones es que la población busca el respaldo de las autoridades tanto de la Secretaría del Bienestar así como del gobierno estatal para la creación de nuevos fraccionamientos populares con lotes económicos y facilidades de pago, donde poco a poco vayan edificando el patrimonio familiar tomando como ejemplos proyectos exitosos como la colonia Jorge Obispo, La Progresista o La Antorcha en el municipio de Guadalupe donde se ha beneficiado a unas 3 mil familias.

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