El Gobierno de Guadalupe y su postura ante las organizaciones sociales y sus demandas.

Por Jacobo Cruz Tobon

Colaborador

El pasado 7 de junio fue tomada la Presidencia Municipal de Guadalupe por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), esto como medida para dialogar con el alcalde Julio Cesar  Chávez Padilla  y acordar el incremento salarial para los trabajadores agremiados. El aumento que solicita el sindicato es de 4.41 por ciento directo al sueldo, sin embargo el edil ha propuesto tan solo el 2 %, argumentando que es lo que la ley de disciplina permite y a su vez limita para cumplir con ella en su Capítulo 10.

            En declaraciones ha asegurado que existe una excelente relación con el personal sindicalizado, que el diálogo ha sido muy abierto con los burócratas, pero aún no hay solución; es destacable que cuando se trata de intereses gremiales, las relaciones personales quedan superadas por la colectividad que defiende acciones concretas que habrán de beneficiar a sus integrantes.

            El sindicalismo es una la parte del movimiento obrero que se organiza mediante sindicatos, una organización que reúne a los trabajadores a partir del trabajo que desempeñan con el fin de defender sus intereses comunes ante los empleadores (gobiernos o iniciativa privada), movimiento que apareció en el siglo XIX en Europa y se extendió por todo el mundo.

            La defensa de sus intereses de tipo económico, ese es precisamente la razón de la existencia de los sindicatos y en el caso que nos ocupa la demanda es un aumento salarial al que los trabadores del SUTSEMOP tienen derecho, asunto que el presidente no está solo obligado a resolver sino además debe respetar por ser este un derecho constitucional del que no puede deshacerse por mucho que se alegue como algo abusivo  o imposible, o se argumente que se afecta a la población que acuda a la presidencia a realizar algún trámite, pues de esta última consecuencia (la afectación), depende precisamente la solución al conflicto donde las partes involucradas logren un acuerdo conveniente y salgan ganando.

            El caso de esta protesta me permite decir que la existencia de las organizaciones sociales de todo especie es muy arraigada en México y el mundo, además de que  su existencia no depende de la voluntad del gobierno en turno, sino que surgen de las necesidades que tienen las personas de expresar sus intereses en los asuntos públicos y de gestionar la solución de algún problema ante los  tres niveles de gobierno o bien defenderse de los abusos del patrón, claro que eso dependerá de los objetivos que cada una defienda.

            El documento rector de estos derechos están plasmados en la Constitución Política de México, con esta intención es que transcribo dos de sus artículos:

Artículo 8                                                                                         

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 9

No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Así que el señor presidente Julio Cesar Chávez Padilla deberá resolver la problemática que enfrenta con el SUTSEMOP de acuerdo a la capacidad financiera y legal del ayuntamiento, pero también cuenta aquí la voluntad de los trabajadores y del titular de la alcaldía. Lo que sí es algo seguro en esta lucha es que no puede evadir su responsabilidad, como tampoco ha podido hacerlo con el Movimiento Antorchista a pesar de haber usado ya varias estrategias conocidas como el desprestigio de la dirigencia, como el acusar sin presentar pruebas, como el usar los recursos públicos para financiar campañas en medios de información y redes sociales, o bien el permitir que funcionarios condicionen e intimiden a los compañeros para obligarlos a abandonar la lucha.

            En todos los ámbitos existe la organización  social, este es un elemento humano, una gran cualidad del hombre que le permitió llegar como sociedad hasta nuestros días y pretender desconocerla por parte de Morena es un despropósito.

            Ojalá que este caso se resuelva, pero también que se reencause la solución que pide el Movimiento Antorchista en Guadalupe, nosotros no pedimos aumento salarial, solicitamos que se construyan las obras de drenaje, agua potable, alcantarillado, que se pavimenten calles y carreteras.

            Además de lo anterior, los antorchistas exigimos respeto a los derechos de asociación y manifestación de todas las expresiones políticas del municipio, coincidimos en que existen varios problemas derivados del crecimiento acelerado de la población de la ciudad, pero ante ello debe evitarse el encono, el divisionismo, el revanchismo y venganza política con que se tratan a los guadalupenses, porque  esta también es una legítima demanda del pueblo organizado.