El derecho a la vivienda sólo existe en el papel

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Opinión de Osvaldo Avila Tizcareño

Dirigente del Movimiento Antorchista de Zacatecas

El Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

Lo anterior es un fragmento de la máxima ley de nuestro país, que como muchos otros propósitos sólo están plasmados en el documento pero que contrastan dramáticamente con la realidad quedando simplemente en derechos de papel. Legalmente es obligación del estado coadyuvar a efecto de que se haga válido el derecho a la vivienda, sin embargo, es poco o casi nada lo que se hace al respecto dejando a las familias a su suerte, en la absoluta indefensión, habitando chozas y soportando el terrible hacinamiento o bajo las ofertas de las inmobiliarias que primero aseguran sus ganancias que el bienestar de las personas.

La realidad anteriormente descrita contrasta también con los datos oficiales, pues según el Censo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de 442,263 viviendas, sólo el 3% tienen piso de cemento, el 1% carece de energía eléctrica, 22% no cuenta con agua entubada y 4% no tienen drenaje. A pesar de la imprecisión que pudiera existir,  la situación resulta por demás dramática, con riesgo de equivocarme tengo la percepción de que los problemas son mayores, pues como activista social recorro día a día  comunidades y colonias constatando las dificultades que tienen las familias zacatecanas y buscando opciones para salir de ellas.

Traigo a cuenta tres ejemplos que demuestran  lo anterior. Veamos:

Primero. A escasos cinco minutos de la Presidencia Municipal de Guadalupe  se encuentran dos polígonos geográficamente ubicados en zonas distintas, pero que enfrentan problemas similares; uno es el caso del caso del cerro de San Simón, en donde se asientan diversas colonias como Colosio, Pérez Cuevas, Ignacio Allende, La Peñita, etc., todos estos asentamientos constituyen una amplia zona que carece de servicios básicos y no cuenta con la certidumbre sobre su patrimonio. Y curiosamente esta terrible circunstancia se repite en una zona que se conoce como ladrilleras donde se encuentran colonias como Lázaro Cárdenas, Mezquital, Mezquitillos, Industrias y El Roble, por mencionar algunas, todas carecen de servicios públicos y las familias sufren por los bajos salarios que no les permite la compra de alimentos y otras necesidades.

Lo anterior lleva a un círculo vicioso, porque no cuentan con la certeza jurídica de su patrimonio y por tanto no pueden acceder a los servicios básicos; adicionalmente sumemos el problema de múltiples irregularidades en la posesión de los lotes como producto del engaño o desconocimiento de la gente al adquirirlos con estafadores cuando tuvieron la posibilidad de hacerse de un terreno u hogar donde resguardar a sus pequeños hijos.

Segundo. Miles de familias no cuentan con escritura pública que les garantice la certeza jurídica de su patrimonio, la suma ronda por los 36 mil casos que habitan en diversos asentamientos. Se trata en su gran mayoría  de personas que adquirieron de buena fe un lote en parcelas ejidales o zonas semiurbanas, y hoy, a pesar de los años encuentran grandes obstáculos para regularizar su propiedad, muchas veces se trata de familias que llevan años a la espera y han cubierto una larga tramitología, de esto viene a mi memoria el caso de las colonias Jorge Obispo o Carlos Fuentes, que por limitaciones administrativas están a la espera de una escritura.

Tercero. Un gran número de zacatecanos no cuenta con una vivienda propia por lo que conviven hacinados con familiares o rentando con lo que gastan sus magros ingresos y a pesar de estar contenida en la ley la premisa para adquirir una, en los hechos, la falta de recursos y la ausencia de opciones a bajo costo, con plazos racionales ha impedido adquirir un lote o una vivienda edificada. Este es lo que acontece con un amplio grupo de guadalupenses y fresnillenses que se ha organizado en las filas del antorchismo para buscar acceder a un programa de vivienda popular que se ha expuesto al gobierno estatal y aunque existe reserva territorial, el costo ofertado por la autoridad es altísimo e inalcanzable para una familia trabajadora.

Lo dicho. Como en muchos casos, la ley dice una cosa pero en la práctica las familias no pueden hacerla efectivas, pues aunque se plasme en el papel y aunque estos derechos son el resultado de años de lucha del pueblo, la realidad les impide tener una vivienda digna y decorosa. ¿Qué hacer ante ello?, como en todos los problemas, sólo la lucha organizada cambiará la realidad, por eso resulta necesario que nos unamos, que juntos enfrentemos las adversidades y la persecución contra los luchadores sociales para disponernos a dar la pelea legal por la vivienda, no hay de otra.

 

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