Qué sucedió en El Estor?
Existen diferentes explicaciones sobre lo ocurrido en El Estor el pasado 3 se septiembre.
Ese día, tres soldados del ejército fueron ejecutados y dos pobladores resultaron heridos con arma de fuego en la comunidad de Semuy 2.
Los soldados incursionaron en la zona “según un informe del Ejército, buscando pistas clandestinas del narcotráfico y posibles narcotraficantes que estaban esperando una avioneta” con droga, le dice a BBC Mundo el alcalde de El Estor, Rony Méndez.“Algunos comunitarios no estaban de acuerdo en que el Ejército entrara en la comunidad (…). Eso les provocó malestar y arremetieron contra los soldados, que fueron brutalmente asesinados según fotos que aparecieron en redes sociales”, agrega.
Méndez sugiere una especie de malentendido de la comunidad ante la presencia de militares, pero el gobierno y el Ejército apuntaron desde un primer momento a una emboscada por parte de pobladores aliados del narcotráfico.
Estos habrían desarmado a los militares y los habrían asesinado con sus propias armas “en contubernio con pseudodefensores de los derechos humanos y pseudocampesinos”, afirmó el presidente Jimmy Morales cuando anunció el estado de sitio un día después del suceso.
“Hay una pelea asimétrica entre el Estado y el narcotráfico. También hay poblaciones que ponen a mujeres y niños como barricadas humanas para que las fuerzas de seguridad no puedan llegar hasta las pistas clandestinas”, declaró el mandatario.
Diferentes versiones
Sin embargo, su teoría del tipo de arma utilizada fue cuestionada por el propio informe de las autopsias realizadas a los tres soldados, que apuntó a que podría haber sido una escopeta y no el tipo de fusiles que utiliza normalmente el Ejército.
“En el campo, la gente tiene una escopeta o un rifle 22. Nuestra gente no tiene esas armas (AK47)”, le dijo el miércoles al canal Guatevisión el excomandante guerrillero César Montes.Montes, quien dirige la Fundación Turcios Lima y que mantiene estrecha comunicación con la población de la zona, sostuvo que la comunidad se había enfrentado a los soldados al no comprender cuál era su cometido en la zona.
Los militares habrían perdido el control y, al verse rodeados, habrían abierto fuego y herido a los dos pobladores, quienes respondieron utilizando sus escopetas y disparando de muerte, según su versión.
La policía, de hecho, desarrolló este lunes un operativo de búsqueda (sin aclarar por qué) para encontrar a Montes, cuya fundación rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no se encontraba en el área en el momento del crimen. Pero no fue localizado.
El estado de sitio
El anuncio de Morales de decretar el estado de sitio sobre 22 municipios por 30 días fue ratificado por el Congreso el pasado fin de semana por solo ocho votos más del mínimo necesario para alcanzar la mayoría.
La medida suspende garantías constitucionales como la libertad de tránsito, impone un toque de queda nocturno y determina que una persona puede ser detenida sin que exista una orden de captura en su contra.
Amílcar Pop, diputado del partido indígena Winaq y presidente de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, fue uno de quienes votó en contra de la propuesta.
“Tras los 30 días, veremos cómo no se habrá desmantelado ninguna estructura grande de narcotráfico. A estas alturas, esta medida solo demuestra la incapacidad del gobierno y la ausencia de políticas de seguridad”, le dice a BBC Mundo.
Pero el alcalde de El Estor tiene una opinión positiva de la medida implementada.
De hecho, no solo justifica el estado de sitio actual sino que asegura que ya lo solicitó al gobierno central en el pasado (sin éxito) para “recuperar el orden público” en El Estor.
“Además de este incidente, se ha vivido una tensión muy difícil con bloqueos de carreteras, explosiones a los negocios, ha habido muertes a la orden del día, enfrentamientos… Un caos debido a que ya hace años que El Estor ha sido descuidado por el gobierno en cuanto a seguridad ciudadana”, afirma.
¿Cómo reaccionó la población?
Tras su entrada ahora en vigor, Méndez describe un sorprendente cambio en su municipio y asegura que la población agradece el estado de sitio.
“Hemos tenido ya un sentimiento de parte de la población de paz, tranquilidad y armonía, ya que los malos vecinos que se dedicaban a actos ilícitos como forma de supervivencia dejaron de hacerlo”, dice.
“Hemos recuperado la seguridad implementada por el ejército en las principales rutas de El Estor”.
Maximiliano Súchite, del consejo de Comunidades Indígenas de El Estor, relata cómo esta zona está tomada por cientos de soldados y policías, que crearon un destacamento militar en la entrada de la comunidad e improvisaron un centro de operaciones en la iglesia mientras los niños llevan casi una semana sin poder asistir a clases.
“La situación no va a cambiar con el estado de sitio, esto va a seguir igual. Ni va a dar resultado ni va a haber un gran cambio ni paz“, pronostica para BBC Mundo.
“Por eso quizá a gente no quería ver a soldados llegar a las comunidades y sin saber para qué”, opina.
Hay más organizaciones que mostraron su inquietud ante el temor de que, amparándose en la medida decretada por el gobierno, no se respeten los derechos humanos de la población.
Astrid Franco, auxiliar de la procuraduría en Izabal, realiza tareas de observación en los cinco municipios de este departamento (entre los que se encuentra El Estor) para monitorear cómo se está implementando la medida.
“La población no tiene toda la información y les provoca cierta sensibilidad al no conocer los derechos que están restringidos y qué actividades se pueden o no realizar”, le cuenta desde la zona a BBC Mundo.
Con o sin presencia del Ejército, la situación está lejos de normalizarse en El Estor.
El pasado fin de semana, un hombre apareció ahorcado en la comunidad después de que en redes sociales circularan informaciones sobre el supuesto grupo de pobladores implicados en los asesinatos.
Según el medio Prensa Comunitaria y varios pobladores consultados, el hombre se habría quitado la vida por la presión que sintió al ver circular dichas publicaciones con su nombre, si bien la policía no ha confirmado esta hipótesis.
Jorge Chub, vecino de Semuy 2, le dijo al diario Prensa Libre que “las malas personas” se habían escapado de la comunidad después de enterarse de que el ejército iba a llegar al pueblo.
Abandono del Estado
El Estor es un municipio que, como otros en esta zona fronteriza de Guatemala, está marcado por numerosos conflictos y una población golpeada por la pobreza y la vulnerabilidad.
“Es el Estado el que tendría que estar respondiendo para buscar mejores desarrollos en la comunidad”, dice Astrid Franco de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Sus pobladores deben viajar decenas de kilómetros para llegar a un centro de salud.
Por lo tanto, “el Estado es culpable de que la población se cobije en el crimen organizado, en la violencia y en el narcotráfico, porque hay un completo abandono por su parte”.
Según Washington, entre el 80 y 85% de la droga proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos hace escala en Honduras, a pocos kilómetros de El Estor. De ahí, pasa por la vecina Guatemala en dirección al norte.
Zona de conflictos
Frente a esta realidad, la zona destaca por su exuberante vegetación dominada por palma africana y su riqueza en recursos naturales, fuente en algunos casos de sus conflictos más graves.
Entre acusaciones de robos de propiedades indígenas y de invasiones, cientos de casos de conflictos de tierras son unos de los históricos problemas estructurales de la región, especialmente en el marco de enfrentamientos con empresas que operan en la zona.
En El Estor, además de una firma bananera, realiza actividades una empresa de aceite de palma.
Pero la mayor de las polémicas está unida a la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la corporación rusa Solway Investment Group, y responsable de la explotación del proyecto minero Fénix en el municipio.
Presentado en su día como el más grande de su tipo en Centroamérica y que requirió una inversión inicial de US$551 millones, este megaproyecto lleva años provocando violentos enfrentamientos en el nororiente del país, la zona con más proyectos extractivos en Guatemala.
Por un lado, están quienes defienden su aporte económico y los 3.000 empleos que genera en El Estor.
El pescador local Carlos Maás fue asesinado en 2017 mientras se manifestaba contra la contaminación del lago de Izabal, y otros de sus compañeros pasaron por la cárcel tras participar en actividades similares.
El pasado mes de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia de explotación de la mina hasta que se realice una consulta a las comunidades.
En un comunicado, la empresa aseguró cumplir con todas las normas internacionales de ambiente, calidad y seguridad.
También afirmó haber consultado a la población local en el pasado, si bien las comunidades aseguran que estas acciones no tuvieron forma legal.
Pero frente a esta realidad, buena parte de la población defiende su derecho a trabajar en la mina como modo de supervivencia.
Súchite, del Consejo de Comunidades Indígenas del municipio, enfatiza cómo años de lucha les permitieron que la empresa decidiera dialogar con las comunidades para fijar los límites de territorios de cada parte, pero también reconoce la necesidad imperante de trabajo en la zona.
“Lamentablemente, hay muchas partes de nuestras comunidades que ya se van de parte de la empresa”,admite. Por eso cree que, de celebrarse hoy la consulta, es probable que ganara el “sí” a favor de la continuidad de la actividad minera.
Pero la preocupación principal ahora para la población de El Ester es el estado de sitio que sigue afectando a cada movimiento en su día a día.
“Muchas comunidades están en el proceso de recuperación de tierras, así que lo que no queremos es que aprovechen esta situación para desalojar a comunitarios“, alerta Súchite.
“No es a lo que vienen, sino que vienen a investigar el narcotráfico. Estamos vigilando posibles desalojos y no los vamos a permitir”.
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